La desconexión entre la voluntad popular y las acciones de gobierno comienza en el proceso electoral y se remata al comenzar el ejercicio del cargo.
La propaganda de campaña poco tiene que ver con las plataformas electorales. Por su limitación en tiempo y espacio, los diagnósticos, estrategias y acciones no tienen cabida en los anuncios espectaculares o los spots de radio y televisión.
Los partidos políticos no están obligados a presentar plataformas electorales con un asidero en la realidad. La ley no establece mínimos aceptables para dichos documentos.
Luego de la Jornada Electoral y de los cómputos oficiales, los candidatos reciben sus respectivas constancias de mayoría y comienzan el periodo de transición.
El próximo 1º de octubre los titulares del Poder Ejecutivo, en el orden federal, y los presidentes municipales en el plano local, asumirán sus respectivos cargos.
Y ahí comienza el tercer eslabón inconexo. Nada ata a la propaganda, a las plataformas con el respectivo Plan de Desarrollo. La ley obliga a hacer consultas para elaborar dichos planes.
Sin embargo, no hay impedimento para que una cosa se haya dicho en campaña y otra diferente se haga en el ejercicio del cargo.
El Plan de Desarrollo (nacional, estatal o municipal) es el instrumento sobre el cual se decide si continúa un programa, proyecto u obra pública. A partir de los planes de desarrollo se desarrollan los programas específicos: los programas de cultura, educación, seguridad, desarrollo económico y social, por ejemplo.
Y es en estos programas donde se anclan las solicitudes de presupuesto que se turnan a los ayuntamientos, a los congresos locales o al Congreso de la Unión.
Si el político tiene un mínimo de pudor velará por que haya congruencia entre lo que se dijo en campaña, lo que se escribió en la plataforma electoral y lo que se plasma en el Plan de Desarrollo.
Si hay temor por la opinión pública, intentará explicar por qué realiza un ajuste entre lo ofrecido en campaña y el ejercicio de poder.
Porque las estructuras de los Poderes, ancladas en las leyes, no se mueven a la velocidad deseada o requerida para llevar a cabo una obra o un programa.
En ocasiones las propuestas se desbarrancan porque requieren de aprobaciones que pasan por las manos de los opositores poco dispuestos a alimentar el capital político sin nada a cambio.
Para salvar esos escollos, en los regímenes parlamentarios es necesario que quien detente el Poder Ejecutivo tenga previamente una mayoría legislativa. Los jefes de gobierno son primero diputados y luego son investidos presidentes.
Si se apartan del mandato de las urnas, al menos en los regímenes parlamentarios, se pueden ejercer las mociones de censura para convocar a nuevas elecciones y garantizar la capacidad de mandar de la ciudadanía.
Eso ocurre en una democracia consolidada. A eso deberíamos aspirar. Mientras no ocurra, seguiremos con políticos “Chimoltrufia”, que son mayor control así como dicen una cosa, dicen otra.
