En las campañas que están por comenzar, el 1 de marzo en el orden federal y a mediados de abril en el plano estatal, escucharemos un largo desfile de propuestas de campaña.
Algunas con más asidero en la realidad que otras. Escucharemos destellos de lucidez y atrocidades por igual. Y no es que uno tenga una bola de cristal para adivinar el futuro.
Solo basta echar la vista atrás y recordar que hubo quien quería ser presidente y propuso “mochar” las manos a los rateros.
Habrá quien como aspirante a legislador ofrezca pavimentación de una calle, o que como candidato a un ayuntamiento se comprometa con modificar una ley.
Para protegernos de tales despropósitos, vale la pena repasar las clases de civismo y recordar las funciones principales de cada representante popular.
El artículo primero constitucional obliga a todas y cada una de las instancias del Estado Mexicano a respetar, promover y vigilar el respeto a los derechos humanos así como investigar y sancionar las violaciones estas garantías individuales.
Cada orden de gobierno y cada Poder está obligado a velar por dichos derechos en el ámbito de sus competencias.
Así, un candidato a diputado local, diputado federal o senador debería hacer propuestas de nuevos ordenamientos o reformas a los existentes para que los otros poderes cumplan con la promoción y respeto de los derechos humanos.
Un senador no debería hacer ofrecimientos para asignar presupuestos a la federación o estados porque esa es una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.
Un candidato a presidente municipal habría de enfocarse en las competencias y los servicios públicos delineados en el 115 constitucional.
Sin embargo, también hay responsabilidades concurrentes. Por ejemplo, en la seguridad hay competencias para los órdenes federal, estatal y municipal de forma directa: organizar las fuerzas del orden.
La administración pública es un laberinto que puede parecer infinito, un universo de dependencias federales, estatales y municipales, empresas productivas, organismos autónomos, entidades paraestatales, organismos desconcentrados, sectorizados, descentralizados, fideicomisos públicos e institutos.
Quienes aspiren a tomar decisiones para tomar las riendas de la administración pública deberían pasar por un propedéutico para garantizar unos mínimos de calidad tanto en las propuestas de campaña como en el ejercicio del poder.
La pinza se cerraría con una mayor cultura cívica entre los votantes. La democracia necesita demócratas que conozcan aspectos básicos sobre los temas que decidirán al acudir a las urnas.
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