Una mirada incómoda sobre el trato a los artesanos

Desde mi punto de vista, un buen gobierno acepta sus errores, reconoce cuando no actúa bien, tiene el tino de esperar un momento para reflexionar sobre lo que se ha hecho e incluso puede rectificar o cambiar de rumbo. Independientemente del color o partido, un gobierno o gobernante dispuesto a reflexionar, a escuchar a la ciudadanía y a analizar sus políticas públicas y decisiones es, realmente, uno que gobierna para todas las personas y no para sus intereses personales.

Como periodista y activista, esto lo agradezco; habla de que no necesitan saberlo todo, pero sí estar dispuestos a tomar decisiones con base en el sentir de la ciudadanía y, finalmente, en la búsqueda de un bien común. Desgraciadamente, esto casi no se ve. La clase política y sus partidos suelen tener intereses que no siempre coinciden con los de la ciudadanía y pocas veces se detienen a reflexionar sobre si lo que se ha hecho se ha hecho bien.

Probablemente esto se deba al séquito de aplaudidores y a la necesidad de no salirse del guión, de seguir aparentando que todo se hace bien, solo para evitar “afectaciones” a la imagen de los gobiernos y gobernantes.

Una muestra de ello es la forma en que, desde hace años, se ha buscado resolver el tema del comercio informal en el Centro Histórico y el de las y los artesanos indígenas. Desde siempre, su solicitud ha sido la misma: que les dejen vender, que les den espacios donde sí vendan y un trato digno por parte de los agentes del Estado. Las respuestas, aunque con algunas variantes, han sido iguales: hay que regular el comercio porque “se ve feo”, porque es competencia desleal y porque “son agresivos”. De esto hemos tenido no uno, sino varios episodios en los últimos años, donde invariablemente hay confrontaciones, golpes y agresiones. Parece un círculo vicioso que no tiene fin, donde no hay espacio para analizar las políticas públicas aplicadas ahora y antes, y donde parece que las autoridades no escuchan o no quieren escuchar.

Alegan orden y formalidad, pero nunca se han planteado la posibilidad de que el racismo y el clasismo sean parte de esa toma de decisiones. Tengo años cubriendo este tema y siempre me quedan varias interrogantes respecto a la forma en que se crean y ejecutan estas políticas públicas que, evidentemente sin éxito, han intentado resolver la problemática.

¿Quién decide quién sí puede ocupar el espacio público y quién no, al considerar otros puestos ambulantes, restaurantes y bares que diariamente invaden las calles del Centro Histórico? ¿Bajo qué criterio se define que “se ven mal”? ¿Es tan difícil encontrar un espacio digno en el que las y los artesanos estén de acuerdo? ¿Por qué siempre recurren a la agresión o al descrédito de los líderes y artesanos para obtener legitimidad en sus decisiones? ¿Realmente no hay otra forma de actuar en estos casos?

Es absurdo repetir las mismas acciones y esperar resultados distintos. También lo es que, en el último episodio, la respuesta de la autoridad ante los terribles videos de inspectores agrediendo a la ciudadanía (incluso golpeándola cuando ya está en el suelo) sea: “ellos empezaron, ya interpusimos las denuncias y suspendimos a esa persona”. Es inimaginable que esa sea la postura de una autoridad que dice buscar “poner orden”, pero que es incapaz de reconocer el mal actuar de los inspectores o siquiera comprometerse a investigar lo ocurrido, como tampoco lo hizo la vez pasada, cuando incluso se difundieron videos de perros mordiendo a la ciudadanía.

No se puede manejar un doble discurso de orden según la conveniencia, ni seguir tratando el tema exactamente igual que como ya se ha demostrado que es ineficaz. Mucho menos sin tomar en cuenta los derechos humanos de las personas, sin escuchar y priorizar las necesidades de los pueblos originarios y sin reconocer las precarias condiciones en que se
les pide trabajar.

Aquí termina mi mirada incómoda, pero necesaria.