El orden no se patea: Querétaro frente a la rabia de su incapacidad
El reciente desalojo de ambulantes artesanos volvió a colocar a Querétaro frente al espejo de un tema que se ha pateado —literal y políticamente— durante décadas. Las imágenes que circularon en redes sociales encendieron un debate que hoy parece más dominado por la furia, los bandos y los intereses partidistas que por la voluntad de resolver un conflicto social complejo. Porque sí: las distintas versiones circulan como siempre, pero el video donde un inspector municipal patea en la cara a un hombre dejó claro algo que la narrativa oficial no puede seguir evadiendo. Hubo violencia. Y no, no toda la violencia partió del mismo lado.
La postura municipal habló únicamente de inspectores lesionados, de agresiones recibidas y de resistencia por parte de los vendedores. Lo que no dijo fue lo otro: que había niños usados como escudos; que había mujeres y artesanos acorralados; que el protocolo, ese que obliga a las autoridades a conducirse con prudencia y proporcionalidad, se rompió frente a cámaras y frente a la ciudadanía. Y tampoco habló de la responsabilidad que implica estar “armados” de autoridad —y a veces, de soberbia— frente a personas en evidente situación de vulnerabilidad.
No se trata de romantizar la informalidad ni de negar que el reordenamiento del comercio en vía pública es una necesidad urgente. La ley no puede permitir el uso indiscriminado del espacio público, la competencia desleal o la apropiación permanente de zonas que pertenecen a todas y todos. Y esa política de ordenamiento ha sido, durante décadas, una constante en administraciones panistas que hoy presumen continuidad. Eso es válido. Lo que no es válido —en ninguna de sus formas— es que en nombre del orden se normalicen golpes, humillaciones o excesos de fuerza.
Tampoco ayuda que los partidos hayan tomado el episodio como bandera. No es novedad: cada conflicto social se convierte en un botín para ganar narrativa, hacer ruido en redes y demostrar “cercanía” con quienes conviene apapachar un día y abandonar al siguiente. Ese manejo partidista contamina todo, porque desdibuja el problema real, divide a la ciudadanía y vuelve a los artesanos actores involuntarios en un tablero político donde la empatía suele ser la última ficha en jugarse.
Y mientras los partidos disputan micrófonos, la sociedad civil organizada ya decidió intervenir. El fin de semana se instaló un tendedero con fotografías y nombres de inspectores señalados por agresiones. Es una forma de exigir justicia, sí, pero también es un síntoma de lo que pasa cuando las instituciones no reconocen a tiempo sus errores: la gente construye sus propios mecanismos de denuncia, a veces con la misma rabia con la que fue ignorada. Acusar al gobierno municipal de fascista puede sonar excesivo para algunos, pero ese lenguaje surge cuando la autoridad minimiza hechos que hirieron la dignidad de personas concretas. Y la dignidad no se negocia.
El problema no es el ordenamiento. El problema es la soberbia. El problema es justificar solo la mitad del conflicto. El problema es polarizar, negar la violencia evidente y reducir todo a una batalla entre buenos y malos. Cada quien tendrá su opinión, por supuesto. Las posturas personales son inevitables cuando se toca un tema que cruza la legalidad, la pobreza, la cultura y la identidad. Pero hay certezas que conviene repetir: la política se hace con diálogo, con paciencia, con prudencia. La fuerza se usa como último recurso, no como reflejo automático.
El reordenamiento es necesario. La violencia, no. Y así como la autoridad debe reconocer que se excedió —porque es claro que hubo un exceso—, las organizaciones de artesanos también deben dejar de caer en la narrativa de revictimizarse para frenar el diálogo. Hay que sentarse a hablar sin consignas, sin partidos detrás, sin discursos preparados para la cámara. Desde ambos lados.
Querétaro necesita instituciones fuertes, sí. Pero también necesita un trato humano, protocolos cumplidos, funcionarios capacitados y un municipio que entienda que la ley no sirve si se aplica golpeando a quienes menos tienen. Y del otro lado, necesitamos organizaciones que quieran resolver y no solo resistir.
La ciudad merece un debate más honesto. Menos gritos. Más acuerdos. Porque, al final, el espacio público es de todos. Y si seguimos administrando este conflicto desde la negación y la polarización, no habrá ordenamiento que aguante.
El llamado, entonces, es sencillo: que la autoridad asuma lo que sí ocurrió; que la sociedad civil mantenga la mirada crítica sin incendiar el diálogo; y que las y los artesanos acepten sentarse a construir una salida real. Ese es el camino. Lo demás es ruido. Y Querétaro ya tuvo demasiado.







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