El “Plan Orden”… bastante desordenado

“La política debería servir para resolver conflictos, no para crearlos”. La idea ha sido repetida muchas veces en el pensamiento público mexicano, y cobra especial sentido cuando miramos lo que hoy ocurre en uno de los espacios más simbólicos de la ciudad: el Centro Histórico de Querétaro.

El conflicto por el comercio informal no es nuevo. Tiene años. Décadas, incluso. Es un tema complejo donde convergen derechos, intereses económicos, turismo, patrimonio histórico, movilidad urbana y, por supuesto, la necesidad de muchas personas de ganarse la vida. Por eso nunca ha sido un problema sencillo de resolver.

Lo nuevo no es el conflicto.

Lo nuevo fue el famoso “Plan Orden” del gobierno municipal.

Una estrategia que, en teoría, buscaba regular el comercio informal y mejorar la convivencia en el Centro Histórico. En la práctica, lo que terminó ocurriendo fue lo contrario: el problema se reactivó, las tensiones crecieron y lo que antes estaba relativamente contenido se convirtió en un conflicto más visible.

El resultado es un escenario que hoy evidencia algo preocupante: cuando la política pública se diseña sin suficiente diálogo previo, termina generando más fricción que soluciones.

Y aquí aparece un actor que no estaba en el guion original.

La Confederación Queretana de Organizaciones Sociales Cívica decidió intervenir desde la sociedad civil organizada para intentar hacer lo que el gobierno municipal no logró: sentar a todos los involucrados en una misma mesa.

Su objetivo es abrir un proceso de escucha y consulta con comerciantes, vecinos, autoridades y distintos sectores para construir una propuesta integral que permita un nuevo acuerdo de convivencia en el Centro Histórico. La premisa es simple pero poderosa: los conflictos históricos requieren rutas institucionales, participativas y sostenibles.

No ocurrencias.

No medidas improvisadas.

No operativos temporales.

Lo interesante es que este esfuerzo se está realizando sin recursos públicos, sin estructura gubernamental y sin asesores financiados con dinero del erario. Simplemente desde la convicción de que el diálogo ciudadano puede construir soluciones más legítimas que las decisiones tomadas desde un escritorio.

Por ahora el proceso apenas se encuentra en una fase inicial. No hay acuerdos cerrados ni decisiones preestablecidas. Lo que hay es una etapa de escucha abierta para entender las distintas posiciones y construir un diagnóstico serio del problema.

La intención es clara: encontrar una solución viable que establezca reglas claras, garantice derechos humanos y permita un modelo de convivencia equilibrado donde la mayoría de los sectores pueda sentirse representada.

Sin embargo, el hecho de que este proceso tenga que surgir desde la sociedad civil también deja una pregunta incómoda en el aire.

¿Por qué el gobierno municipal no logró hacerlo antes?

Porque gobernar no solo implica emitir reglamentos o lanzar programas con nombres atractivos. Gobernar implica construir acuerdos, entender los equilibrios sociales y anticipar las consecuencias de cada decisión pública.

Cuando eso no ocurre, la política pública corre el riesgo de convertirse en un detonador de conflictos.

Y en política, la improvisación suele tener un costo alto.

A veces la ciudadanía organizada termina haciendo el trabajo que el gobierno no supo o no quiso hacer. Otras veces simplemente intenta contener los efectos de decisiones tomadas sin suficiente análisis.

En ambos casos, el mensaje es el mismo: la capacidad para gobernar no se mide en anuncios ni en discursos, sino en la habilidad para gestionar conflictos complejos.

También deja al descubierto otro problema que atraviesa con frecuencia la vida pública mexicana: la tendencia a ocupar cargos estratégicos por cercanía política, amistades o apellidos, y no necesariamente por capacidad técnica o experiencia.

Y ese tipo de decisiones, tarde o temprano, pasan factura.

Hoy el llamado Plan Orden enfrenta justamente ese desafío: ordenar un problema que, en lugar de resolverse, parece haberse complicado.

El Centro Histórico de Querétaro merece algo más que soluciones temporales o estrategias improvisadas. Requiere una política pública seria, dialogada y sostenible.

Porque cuando la sociedad civil tiene que entrar a mediar lo que el gobierno no pudo resolver, queda claro que el problema no era únicamente el comercio informal.

El problema era —y sigue siendo— la forma de gobernar.