Reforma judicial en pausa: entre la técnica que falta y la política que sobra

En Querétaro, la discusión sobre la Reforma Judicial local no está detenida… está suspendida en una especie de limbo institucional que resulta, cuando menos, inquietante. El pasado 3 de febrero, el gobernador Mauricio Kuri envió al Congreso del Estado su iniciativa en la materia. Sin embargo, a casi dos semanas de distancia, la presidenta de la Mesa Directiva, Ginna Gzmán, ha confirmado que el proyecto ni siquiera ha sido turnado a comisiones para su análisis legislativo. ¿La razón? Habrá cambios. ¿Cuáles? Nadie lo sabe.

No se trata de un detalle menor. En el procedimiento parlamentario, el turno a comisiones marca el inicio formal de la deliberación pública y técnica de cualquier reforma constitucional o legal. Que una propuesta de esta naturaleza permanezca “en espera” revela no sólo una falta de consenso político, sino, sobre todo, una ausencia de claridad técnica respecto al rediseño institucional que se pretende implementar en el Poder Judicial del estado.

Esta incertidumbre se vuelve aún más delicada si se considera que, desde el propio Tribunal Superior de Justicia, su magistrado presidente, Braulio Guerra ha hecho señalamientos públicos sobre las inconsistencias operativas que enfrenta la reforma judicial a nivel federal. Entre ellas, la ausencia de reglas claras para la transición institucional, la falta de mecanismos presupuestales que garanticen su viabilidad y el riesgo latente de que los procesos de designación judicial se contaminen con dinámicas político-electorales.

No es una advertencia aislada. A nivel nacional, diversos análisis han apuntado que la implementación de la reforma podría implicar costos adicionales significativos para los estados, desde la organización de procesos de selección hasta la adecuación de estructuras administrativas y jurisdiccionales. En otras palabras, el rediseño no sólo exige voluntad política, sino también planeación financiera, capacidades institucionales y, sobre todo, certeza jurídica.

En ese contexto, el retraso en la discusión local podría interpretarse como una oportunidad para revisar con mayor rigor los alcances de la iniciativa. Sin embargo, el escenario se ha complicado con la intervención de actores externos al proceso legislativo formal. La carta enviada por el excandidato al Senado del Partido del Trabajo, Carlos Rentería, solicitando que el tema se discuta en comisiones unidas, introduce un elemento que, aunque legítimo en términos de participación ciudadana, corre el riesgo de desdibujar los cauces institucionales de la deliberación parlamentaria.

Porque cuando una reforma estructural comienza a procesarse bajo presiones políticas paralelas, el debate deja de centrarse en su viabilidad técnica para convertirse en una disputa de posicionamientos partidistas. Y en materia de justicia, esa transición puede tener consecuencias profundas. No hay que olvidar que el diseño institucional del Poder Judicial no sólo define la relación entre los órganos del Estado, sino que establece las garantías mínimas para la protección de derechos fundamentales.

En este punto, conviene recuperar la advertencia del jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien ha sostenido que “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos.” Cuando los mecanismos de selección, evaluación o remoción de juzgadores se someten a lógicas políticas coyunturales, lo que se erosiona no es únicamente la autonomía de un poder, sino la confianza pública en que las decisiones judiciales responden al derecho y no a intereses partidistas.

Querétaro se encuentra, así, ante un dilema que trasciende la coyuntura legislativa inmediata. ¿Debe acelerarse la aprobación de una reforma cuya implementación federal aún enfrenta cuestionamientos operativos? ¿O es preferible detenerse a construir un modelo que, sin replicar automáticamente el diseño nacional, garantice su funcionalidad en el ámbito local?

La pausa, en sí misma, no es necesariamente negativa. Puede ser el espacio para el análisis serio, la consulta técnica y la deliberación plural. Lo preocupante es que esa pausa ocurra sin transparencia sobre los cambios que se anuncian, sin un calendario definido para su discusión y en medio de presiones externas que buscan incidir en la ruta legislativa.

Al final, la pregunta no es si Querétaro tendrá una reforma judicial, sino bajo qué condiciones se está diseñando. Porque en materia de justicia, las prisas suelen ser malas consejeras… y las pausas, cuando se administran sin claridad, pueden terminar siendo igual de peligrosas.