El veto, los derechos y la tentación de gobernar desde el miedo

“Los derechos humanos existen precisamente para proteger a las minorías de las mayorías”.

La frase del filósofo y jurista Ronald Dworkin resulta particularmente pertinente para entender lo que está ocurriendo en Querétaro con el “veto” a la Ley de Identidad de Género.

Porque más allá de que alguien esté de acuerdo o no con el tema, la discusión debería comenzar por algo que parece escasear en el debate público: la verdad.
Y la verdad es que este tema no apareció ayer.
No nació en esta Legislatura.
No es una moda importada.
Y tampoco es una conspiración de una supuesta “izquierda radical”, como se ha querido presentar desde algunas trincheras políticas.

La identidad de género lleva casi una década discutiéndose en Querétaro desde organizaciones civiles, activistas, académicos, especialistas, familias y personas que han vivido en carne propia los vacíos legales de un estado que se quedó rezagado frente a una realidad que ya existe.
Porque ahí está el primer problema de fondo.
La realidad no desaparece porque el Estado decida ignorarla.

Las personas trans existen en Querétaro.
Han existido antes de este debate y seguirán existiendo después de él.

Trabajan.
Estudian.
Pagan impuestos.
Tienen títulos universitarios.
Tienen familias.
Y tienen una vida jurídica que muchas veces no coincide con su vida cotidiana.
Por eso la discusión original nunca fue ideológica.
Fue administrativa.
Fue jurídica.
Fue de derechos humanos.

Lo que se buscaba era regular una realidad que ya existe para dar certeza legal a personas adultas que hoy tienen que recurrir a amparos o incluso trasladarse a otras entidades para realizar trámites que en buena parte del país ya son procedimientos administrativos ordinarios.

Sin embargo, algo ocurrió en el camino.
La discusión dejó de centrarse en derechos y comenzó a centrarse en identidades pero políticas.

Y cuando eso pasa, los argumentos suelen convertirse en armas.
Lo vimos en el discurso con el que el gobernador Mauricio Kuri justificó el veto.
Porque una cosa es expresar reservas jurídicas.
Otra muy distinta es construir una narrativa donde pareciera que existe una amenaza ideológica organizada contra la infancia queretana.

Y eso fue precisamente lo que sucedió.
El mensaje colocó al gobernador como una especie de último defensor de niñas, niños y adolescentes frente a fuerzas externas que supuestamente buscan imponer agendas.
Políticamente puede resultar eficaz.
Institucionalmente resulta preocupante.

Porque gobernar desde la construcción de enemigos suele ser una tentación recurrente en la política contemporánea.
La izquierda lo hace.
La derecha también.
Todos encuentran algún adversario útil para fortalecer su narrativa.
El problema es que cuando el adversario termina siendo una parte de la propia sociedad, la política deja de unir y comienza a fracturar.

Y Querétaro no necesita más fracturas.
Necesita más conversaciones honestas.
Porque incluso aceptando la preocupación planteada por el ejecutivo, hay elementos que merecen una discusión mucho más profunda.

Es cierto que en México existe una obligación jurídica de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Es cierto que la Suprema Corte ha emitido criterios que han ampliado derechos relacionados con identidad de género en diversas entidades.
Y también es cierto que existen debates jurídicos legítimos sobre cómo armonizar esos derechos con la patria potestad y la participación de las familias.
Todo eso es verdad.

Pero precisamente por eso sorprende que la respuesta haya sido un veto acompañado de una narrativa política tan confrontativa.
Porque los espacios para discutir esos temas ya existen.

Se llaman Congreso.
Se llaman comisiones.
Se llaman parlamentos abiertos.
Se llaman mesas técnicas.
Se llaman procesos legislativos.
Para eso están los diputados.
Para revisar.
Para corregir.
Para perfeccionar.
Para debatir.

Lo que no ayuda es convertir una discusión jurídica compleja en una batalla ideológica simplificada.
Y menos cuando la propia sociedad aparece profundamente dividida.
Basta observar las redes sociales.

Hay miedo.
Hay enojo.
Hay desinformación.
Hay posiciones radicalizadas en todos los extremos.
Y mientras tanto, la conversación seria desaparece.
Porque resulta más fácil etiquetar que argumentar.
Más fácil señalar enemigos que escuchar matices.
Más fácil movilizar emociones que construir acuerdos.

Sin embargo, los derechos humanos rara vez avanzan en contextos cómodos.
La historia está llena de ejemplos.
El voto femenino fue rechazado.
El divorcio fue rechazado.
La educación laica fue rechazada.
El matrimonio igualitario fue rechazado.
Y en cada uno de esos momentos hubo sectores convencidos de que reconocer nuevos derechos representaba una amenaza para el orden social.

Con el tiempo, la realidad terminó imponiéndose.
No porque desaparecieran las diferencias de opinión.
Sino porque las democracias modernas entendieron algo fundamental: el Estado no está para administrar simpatías.
Está para garantizar derechos.

Y aquí aparece una pregunta incómoda para todos los actores políticos involucrados.
¿Estamos discutiendo una ley?
¿O estamos disputando una narrativa electoral?

Porque el tono del debate parece acercarse peligrosamente a lo segundo.

Mientras unos intentan presentar el veto como una defensa heroica de la infancia, otros buscan convertirlo en símbolo absoluto de intolerancia.

Y quizá ninguno de los extremos ayuda realmente a resolver el problema.
Porque la convivencia democrática exige algo mucho más difícil.

Exige escuchar.
Exige matizar.
Exige reconocer que existen preocupaciones legítimas y también derechos legítimos.
Exige aceptar que la realidad social es más compleja que cualquier consigna política.
Por eso preocupa que desde el propio aparato institucional se convoque a la ciudadanía a pronunciarse sobre un tema que ya de por sí se encuentra profundamente polarizado sin construir simultáneamente espacios amplios de deliberación técnica, jurídica y social.

Porque las redes sociales no son foros democráticos.
Son amplificadores de emociones.
Y las emociones, cuando no están acompañadas de información, suelen producir más ruido que soluciones.

Lo que necesita Querétaro no es una guerra cultural.
Lo que necesita es una conversación madura.
Con especialistas.
Con organizaciones civiles.
Con universidades.
Con familias.
Con personas trans.
Con expertos en derechos humanos.
Con psicólogos.
Con juristas.
Con todos.

Porque este no es un debate sobre vencedores y vencidos.
Es un debate sobre convivencia.
Sobre inclusión.
Sobre certeza jurídica.
Sobre cómo construir una sociedad donde las diferencias no se conviertan automáticamente en conflictos.
Y ahí es donde la política tiene una enorme responsabilidad.
Porque cuando un gobernante decide hablar, sus palabras no solamente explican decisiones.
También moldean percepciones.
Construyen narrativas.
Definen el tono de la conversación pública.

Por eso el problema del veto no es únicamente el veto.
El problema es el mensaje que lo acompaña.
La sensación de que la confrontación resulta más rentable que la explicación.
La impresión de que los ciudadanos deben escoger un bando en lugar de comprender un problema.
Y eso nunca termina bien.

Porque una democracia fuerte no se construye sobre enemigos permanentes.
Se construye sobre ciudadanos capaces de convivir incluso cuando piensan distinto.
Y quizá esa sea la verdadera discusión que hoy debería ocuparnos.
No si alguien gana o pierde esta batalla política.
Sino si somos capaces de construir un estado donde los desacuerdos se resuelvan con diálogo, evidencia y respeto.

O si vamos a seguir permitiendo que temas profundamente humanos terminen convertidos en instrumentos de polarización.

Porque cuando la política deja de explicar y empieza a dividir, perdemos todos.