Negar derechos no detiene la realidad

“Los derechos humanos no se plebiscitan”.

La frase de Luigi Ferrajoli, jurista italiano y uno de los principales teóricos contemporáneos de los derechos fundamentales, debería bastar para entender la discusión sobre la identidad de género en Querétaro. Pero no basta. Porque en México —y particularmente en estados conservadores— todavía hay sectores políticos que creen que los derechos pueden administrarse según convenga electoralmente.

Y ahí es donde comienza el problema.

Porque esta discusión dejó hace mucho de ser jurídica. Hoy es profundamente política, social y hasta moral. Y justamente por eso se ha contaminado de miedo, desinformación y cálculos electorales que poco tienen que ver con las personas que viven esta realidad todos los días.

Conviene empezar por algo básico: la iniciativa de identidad de género discutida en Querétaro estaba dirigida a personas mayores de edad. Adultos con capacidad jurídica plena para tomar decisiones sobre su vida. No se está hablando de menores. No se está imponiendo una ideología. No se está obligando a nadie a pensar distinto.

Se está hablando, simplemente, de reconocer legalmente una realidad que ya existe.

Porque aunque algunos sectores quieran negarlo, las personas trans existen. Estudian, trabajan, pagan impuestos, forman familias y viven en Querétaro. Y hoy muchas de ellas enfrentan obstáculos burocráticos absurdos para poder acceder a documentos oficiales que coincidan con su identidad.

Ese es el fondo.

Mientras el debate público se llena de consignas ideológicas, hay personas reales enfrentando problemas concretos.

Personas que tienen que irse a otros estados para realizar un trámite administrativo que aquí sigue atorado políticamente. Personas que terminan promoviendo amparos para poder ejercer un derecho que en otras entidades ya se reconoce de manera administrativa. Personas con títulos universitarios, certificados, contratos, registros fiscales y documentos oficiales que no coinciden entre sí porque el Estado decidió quedarse atrás.

Y ahí aparece uno de los grandes absurdos institucionales: ciudadanos con dos actas, dos CURPS y prácticamente dos identidades legales dependiendo del estado donde realizaron el trámite.

¿Eso le da certeza jurídica a alguien?
¿Eso fortalece al Estado?
¿Eso protege derechos?

Por supuesto que no.

Lo único que genera es más burocracia, más discriminación y más desigualdad administrativa.

Pero además hay algo todavía más delicado: el mensaje político detrás de la negativa de publicar la reforma que ya se aprobó en el Congreso.

Porque cuando se decide no avanzar en un tema de derechos humanos pese a que la realidad social ya lo alcanzó, el mensaje implícito es muy claro: “tu existencia todavía está sujeta a debate”.

Y eso tiene consecuencias humanas profundas.

Porque una democracia madura no debería funcionar desde la lógica de premiar o castigar identidades según las mayorías políticas del momento. Los derechos fundamentales no dependen de popularidad. No se someten a simpatía. No se condicionan al nivel de comodidad social que generen.

Justamente para eso existen los derechos humanos: para proteger incluso aquello que las mayorías no siempre entienden o comparten.

Pero en México seguimos atrapados en una política profundamente emocional y reactiva, donde muchos actores públicos prefieren administrar prejuicios antes que asumir costos políticos.

Y sí, hay que decirlo con claridad: negar derechos todavía genera rentabilidad electoral en ciertos sectores conservadores.

Por eso algunos legisladores firman iniciativas… y luego votan en contra.
Por eso hay partidos que se dicen progresistas… pero se repliegan cuando el costo político aparece.
Por eso abundan los discursos ambiguos, los silencios cómodos y las posturas tibias.

Porque al final, muchos siguen haciendo política desde la lógica de la aceptación electoral inmediata y no desde principios.

Sin embargo, la realidad avanza aunque la legislación se resista.

Eso ya pasó antes. Revivimos la historia…

Pasó con el voto femenino.
Pasó con el divorcio.
Pasó con el matrimonio igualitario.

En cada uno de esos momentos hubo quienes aseguraban que reconocer derechos destruiría valores, familias o estructuras sociales. Y sin embargo, las sociedades evolucionaron.

No porque todos pensaran igual.
No porque desaparecieran las diferencias.
Sino porque el Estado entendió que gobernar no consiste en imponer moralidades personales.

Consiste en garantizar derechos.

Y eso es importante subrayarlo: reconocer legalmente la identidad de género no obliga a nadie a cambiar sus creencias religiosas, ideológicas o personales. Nadie pierde el derecho a pensar distinto. Nadie deja de debatir. Nadie está obligado a compartir determinadas posturas culturales.

Lo único que cambia es que el Estado deja de obstaculizar administrativamente la vida de personas que ya existen y ya forman parte de la sociedad.

Ese es el punto.

Porque además, lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que algunos actores políticos convierten estas discusiones en guerras culturales permanentes mientras dejan intactos problemas estructurales muchísimo más graves.

En un país atravesado por violencia, desapariciones, corrupción e impunidad, resulta impresionante la energía política que se invierte en discutir si alguien puede o no modificar legalmente su identidad.

Y ahí es donde aparece otra reflexión incómoda: muchas veces estos debates funcionan como distractores perfectos para movilizar emociones y polarizar electores.

Porque nada activa más rápido ciertos sectores políticos que convertir derechos humanos en amenazas culturales.

Mientras tanto, las personas involucradas quedan atrapadas en medio del ruido político.

Y quizá por eso hace falta bajar el volumen y recuperar algo de humanidad en esta conversación.

Entender que detrás de las consignas hay vidas reales.
Historias reales.
Personas reales.

Personas que no están pidiendo privilegios especiales.
No están buscando imponer una visión única del mundo.
No están intentando convencer a todos de pensar igual.

Están pidiendo algo mucho más básico: existir jurídicamente con dignidad.

Y un estado democrático debería ser capaz de garantizar eso sin convertirlo en batalla ideológica permanente.

Porque negar derechos nunca ha detenido la realidad.
Solo ha retrasado la justicia.