Las leyes son como las telarañas
“Las leyes son como las telarañas: atrapan a los débiles y los poderosos las rompen”. —Solón de Atenas, considerado uno de los Siete Sabios de Grecia y una de las figuras que sentaron las bases de la democracia.
Su importancia radica en que impulsó reformas políticas y sociales para reducir los abusos de las élites, aliviar las deudas que tenían sometida a gran parte de la población y establecer reglas más equilibradas para la participación política.
Y viendo lo que ocurre hoy en Querétaro con la elección del Fiscal Anticorrupción, pareciera que nuestros políticos no han venido a demostrar que Solón estaba equivocado.
Morena se levantó de la mesa y anunció que se retira del proceso. Dice que la elección está definida de antemano, que no habrá los votos suficientes para construir una mayoría calificada y que, al final, será el gobernador quien termine decidiendo quién ocupará la Fiscalía Anticorrupción durante los próximos nueve años.
El señalamiento es grave.
Pero también es profundamente conveniente.
Porque quienes hoy denuncian las reglas tuvieron año y medio para intentar cambiarlas y no lo hicieron.
Y aquí vale la pena recordar algo que parece que todos quieren que olvidemos.
Estas reglas no nacieron solas.
Fueron construidas por la Legislatura anterior, después de las elecciones de 2024, cuando el grupo político que había dominado el Congreso durante años descubrió que perdería poder en la siguiente Legislatura.
Entonces cambiaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo para conservar espacios de control político.
Entonces modificaron disposiciones constitucionales.
Entonces cambiaron el procedimiento para elegir al Fiscal Anticorrupción.
Y entonces dejaron amarrados nombramientos e instituciones para el largo plazo.
Todo legal.
Pero también todo profundamente político.
Porque cuando las reglas se cambian justo después de una elección, cuando ya se conoce la nueva correlación de fuerzas, resulta imposible no preguntarse si se estaba legislando para el Estado o para conservar cuotas de poder.
Y ahora estamos viendo las consecuencias.
Los que hicieron las reformas defienden el procedimiento porque les beneficia.
Los que no las hicieron lo critican porque les perjudica.
Y en medio de ambos bandos estamos los ciudadanos.
Otra vez.
Olvidados.
Porque la discusión pública no gira alrededor de una sola pregunta que debería ser la única importante: ¿quién va a perseguir la corrupción en Querétaro?
Nadie habla de la capacidad técnica de los perfiles.
Nadie habla de independencia.
Nadie habla de resultados.
Nadie habla de cuántos casos de corrupción siguen impunes.
Nadie habla de cómo garantizar que el próximo fiscal investigue al poder sin importar de qué partido provenga.
No.
La discusión es quién lo controla.
Quién lo propone.
Quién lo vota.
Quién pierde.
Quién gana.
Como si la Fiscalía Anticorrupción fuera un botín político y no una institución creada para defender el interés público.
Y eso revela algo mucho más preocupante.
Que para una buena parte de la clase política, la corrupción no es el problema.
El problema es quién administra la institución encargada de investigarla.
Por eso unos abandonan el proceso.
Por eso otros se aferran al procedimiento.
Por eso llevamos semanas escuchando reclamos sobre acuerdos políticos incumplidos, pactos rotos, negociaciones fallidas y facturas pendientes desde el veto a la Ley de Identidad de Género.
Hablan de sus acuerdos.
De sus desencuentros.
De sus traiciones.
Pero casi nunca de nosotros.
Porque si realmente les importaran los ciudadanos, estarían peleando por una Fiscalía más autónoma, más abierta y más vigilada por la sociedad.
Si realmente les importáramos, estarían discutiendo cómo combatir la corrupción.
Pero no están hablando de corrupción.
Están hablando de poder.
Y cuando la clase política convierte la lucha contra la corrupción en una disputa por el control político, el mensaje es brutalmente claro:
No están pensando en quién va a servir a los ciudadanos.
Están pensando en quién va a servirles a ellos.




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