Querétaro prepara nueva Ley de Salud Mental con apoyo de universidades

Querétaro comenzó un proceso de consulta con especialistas y universidades para elaborar una nueva Ley de Salud Mental que atienda las necesidades de prevención y atención de la población. El diputado local Enrique Correa Sada encabeza los trabajos, que incluyen un diagnóstico sobre bienestar emocional, adicciones, violencia y salud mental en las escuelas. La propuesta todavía se encuentra en etapa de construcción.

Para integrar las investigaciones y recomendaciones de especialistas, durante el foro “Querétaro por la Salud Mental: Diagnóstico para la Construcción de una Agenda Legislativa” se firmó un convenio de colaboración con universidades, que aportarán información académica para la elaboración de la futura legislación.

Correa Sada explicó que lleva aproximadamente cuatro meses reuniéndose con instituciones, organizaciones y especialistas para identificar los problemas que enfrenta la población en materia de salud mental y analizar posibles soluciones desde el ámbito legislativo.

“Yo anhelo que estos foros se conviertan en un documento legislativo que nos permita utilizar de mejor manera los recursos que hoy tenemos”, afirmó el diputado durante el encuentro realizado en el Congreso del Estado.

Salud mental de estudiantes y docentes, entre los temas analizados

El primer día del foro incluyó tres conferencias enfocadas en problemas relacionados con el bienestar emocional y los entornos educativos.

La especialista Corina Lenora Benjet Miner abordó la salud mental estudiantil y la resiliencia en las aulas, mientras que Carlos Roberto Romero García presentó una ponencia sobre indicadores para diagnosticar el rendimiento emocional en Querétaro.

Por su parte, Alberto Alonso Partida analizó el agotamiento laboral o burnout entre docentes y su relación con las dinámicas dentro de las escuelas.

Los trabajos continuarán este 14 de octubre con conferencias sobre salud mental, adicciones, violencia, tecnologías digitales y neurociencias.

El objetivo del proceso es reunir información que permita formular una propuesta legislativa orientada a fortalecer la prevención, mejorar la atención y aprovechar los recursos disponibles para la salud mental.