El banco BBVA México consideró que el impuesto del 5% propuesto por Donald Trump para gravar las remesas de migrantes no documentados sería injusto, regresivo y fomentaría el uso de canales informales que podrían ser aprovechados por el crimen organizado.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos analiza un paquete legislativo impulsado por el expresidente Trump que contempla aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes sin documentos.
Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, BBVA Research advierte que podría encarecer significativamente el envío de dinero y afectar a millones de familias en México.
En 2024, México recibió 62,500 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, de las cuales aproximadamente la mitad habrían sido enviadas por migrantes indocumentados.
Según el análisis económico de BBVA, este gravamen afectaría a 4.1 millones de mexicanos en situación irregular en EEUU, elevando el costo de envío de 350 dólares de 6.00 a 23.50 dólares.
En un escenario extremo —sin considerar alternativas de envío— los estados más afectados en términos proporcionales serían Tamaulipas (-4.4%), Guerrero (-4.3%), Puebla y Oaxaca (ambos con -3.6%), y Veracruz (-3.4%).
Riesgo de informalidad y crimen organizado
El incremento en costos podría incentivar el uso de canales informales, como personas remesadoras, tarjetas de regalo o comercio electrónico transfronterizo.
Aunque algunos mecanismos podrían ser legales, otros podrían abrir oportunidades al crimen organizado, advierte el banco.
“El impuesto provocaría distorsiones artificiales y una mayor informalidad en el envío de remesas, contrario a los compromisos internacionales para reducir los costos de transacción”, señalan los economistas Juan José Li Ng y Carlos Serrano.
Aunque el impacto macroeconómico sería moderado —una caída estimada de 1,563 millones de dólares equivaldría a solo 0.08% del PIB—, las consecuencias sociales podrían ser más graves. Muchas familias dependen de estas remesas para cubrir necesidades básicas.
BBVA considera que esta situación podría representar una oportunidad para impulsar la inclusión financiera, especialmente en los hogares receptores en México, donde aún se prefiere recibir el dinero en efectivo.
BBVA estima que su implementación tendría un costo político bajo en EEUU al dirigirse a una población sin derecho a voto.
La medida, además de ser regresiva, iría en contra del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de la ONU, que promueve reducir la desigualdad y los costos de envío de remesas.
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