Gobierno de Querétaro acusa intereses políticos en bloqueo en la carretera 57

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, aseguró que el bloqueo registrado en la carretera federal 57, a la altura de Jofrito, tiene un trasfondo político y no únicamente social, luego de que habitantes de comunidades de Santa Rosa Jáuregui cerraran la vialidad para exigir agua potable.

En rueda de prensa, el funcionario afirmó que existe un pozo listo para abastecer a comunidades como La Versolilla, Ojo de Agua, Palo Alto y Jofrito, pero señaló que grupos ajenos a la población han impedido su conexión.

“Hay una contradicción y el tema es cerrar, cerrar, cerrar como un estilo y como una forma de provocar ingobernabilidad en la zona”, afirmó.

Gudiño Torres informó que el gobierno estatal solicitó la intervención de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Gobernación para liberar la vialidad, además de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con el bloqueo.

El funcionario reportó agresiones contra personal estatal y municipal, así como la retención de un vehículo del municipio de Querétaro.

“Tomaron un camión del municipio de Querétaro (…) ya hay un delito y tiene que intervenir la autoridad”, sostuvo.

También advirtió sobre el riesgo que representa un camión con materiales peligrosos detenido en medio del bloqueo.

“Tenemos un camión con materiales peligrosos que se encuentra entre el tráfico y que necesitamos sí o sí liberar”, afirmó.

CEA explica origen del conflicto

Por su parte, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Alberto Vega Ricoy, reconoció que en la zona norte de Santa Rosa Jáuregui existe escasez de agua debido al abatimiento de pozos antiguos, particularmente en La Versolilla.

“El pozo de La Versolilla se ha ido abatiendo. Son pozos viejos (…) los pozos no son para siempre”, explicó.

Indicó que hace tres años la CEA detectó la disminución del nivel de agua y presentó un proyecto para perforar un nuevo pozo con autorización de Conagua.

El pozo, identificado como Pozo 35, ya fue perforado y tiene capacidad suficiente para abastecer a varias comunidades.

Sin embargo, señaló que hace dos años comenzaron rumores sobre un supuesto uso del agua para empresas privadas y desarrollos inmobiliarios, lo que derivó en protestas y en el rechazo a la infraestructura hidráulica.

“Esta agua va para las comunidades, no va para ningún campo de golf, no va para ninguna industria, no va para ninguna refresquera”, dijo Vega Ricoy.

El funcionario explicó además que habitantes solicitaron intervenciones técnicas en el pozo viejo, incluido un proceso conocido como “cepillado”, pese a advertencias sobre posibles daños estructurales.

“Es frustrante que queramos cumplir con nuestra misión (…) y la misma población no te esté dejando hacerlo y después te diga que no lo hiciste”, afirmó.

La administración estatal sostuvo que buscará conectar el nuevo pozo para abastecer de agua a las comunidades afectadas y anunció acciones legales contra quienes promovieron el cierre de la carretera.