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Legislatura de Querétaro busca recuperar designación del fiscal anticorrupción

La Legislatura de Querétaro analiza una reforma constitucional para recuperar la facultad de intervenir en la designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, como parte de una propuesta que busca fortalecer la autonomía de ese organismo.

La Comisión de Puntos Constitucionales presentó este martes el proyecto ante representantes de 11 municipios, cuya participación es necesaria al tratarse de modificaciones a la Constitución Política del Estado.

El presidente de la comisión, Homero Barrera Mcdonal, explicó que el proyecto acumula dos iniciativas y pretende devolver al Poder Legislativo la potestad que anteriormente tenía para la designación de la terna de aspirantes a fiscal anticorrupción.

El diputado Eric Silva Hernández, coautor de una de las propuestas, señaló que el objetivo es que el proceso de selección no quede en manos del Poder Ejecutivo y que la Legislatura participe para incorporar pluralidad en la decisión.

En la reunión participaron representantes de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán.

La propuesta todavía se encuentra en análisis y, al implicar cambios constitucionales, deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de que pueda entrar en vigor.

Plantean plazo de 30 días para iniciativas preferentes

Durante la misma reunión también se analizó otra reforma constitucional para establecer un procedimiento más preciso para las iniciativas preferentes presentadas por el Poder Ejecutivo.

La propuesta permitiría al Ejecutivo señalar hasta dos iniciativas como preferentes y obligaría a las comisiones del Congreso a discutirlas y votarlas en un plazo máximo de 30 días naturales.

Si una iniciativa no es atendida dentro de ese periodo, pasaría directamente al Pleno como primer asunto de la siguiente sesión.

Barrera aclaró que la figura no obliga a los diputados a aprobar las propuestas del Ejecutivo, sino a discutirlas y emitir una decisión dentro de un plazo determinado.

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