El incremento de los índices de violencia en México en lo que va del Siglo XXI, en términos de incremento de homicidios, tiene entre sus causas la disponibilidad de armas provenientes de Estados Unidos, apuntó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón
“Si no tenemos la posibilidad de que en EEUU se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en nuestro país a través de la disponibilidad de armas, va a ser muy difícil reducirlos”, sostuvo Ebrard.
Por ello, dijo, el gobierno de México preparó un litigio estratégico contra los productores y distribuidores de armas en aquella nación.
El principal argumento es la negligencia de las empresas que producen armas diseñadas para el uso, en especial, de quienes están vinculados al narcotráfico, recalcó el canciller.
“Las compañías han actuado de manera negligente y eso provoca costos enormes en México, especialmente en vidas humanas”, señaló el funcionario federal.
Las declaraciones del canciller se dieron el el marco del seminario “Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas” organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.
Refirió que en EU no ha habido medidas de restricción para el comercio de armas. “Había que hacer algo porque las empresas fabricantes son corresponsables de la violencia que padecemos en el país”. Ahora, vendrá la réplica de esa industria y luego México tendrá otro tiempo para presentar elementos adicionales a esa contestación.
“Será muy importante el acompañamiento de la Facultad de Derecho de la Universidad y otros centros de estudios para perfeccionar el litigio y que nuestro país salga avante en esta demanda, que sentaría un precedente muy importante para comenzar a modificar el acceso irrestricto a las armas, e impactar en una baja en el número de homicidios y la violencia en el país”, apuntó.
El gobierno mexicano argumenta que ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de diversas empresas, como Barrett.
Las empresas deben saber quiénes compran sus productos, que sus compradores son prestanombres o personas con antecedentes penales, que adquieren varias armas de alto poder en la misma transacción, argumenta la cancillería mexicana.
