El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a una red de empresas e individuos vinculados al grupo criminal “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, que opera en Mazatlán, Sinaloa. La acción forma parte de una estrategia para frenar el tráfico de fentanilo hacia su territorio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló directamente a Víctor Manuel Barraza Pablos, líder del grupo en Mazatlán, y a José Raúl Núñez Ríos, empresario sinaloense identificado como su principal financiador.
Lavado de dinero en el puerto
Núñez Ríos fundó y controla una red de empresas de bienes raíces, construcción, turismo y estética en Mazatlán, que habrían servido para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Entre las compañías sancionadas se encuentran Carpe Diem Spa, IMB 24 Siete, Sea Wa Beach Club, y Club Playa Real, todas registradas en Sinaloa.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, estas empresas están “controladas o dirigidas directa o indirectamente” por Núñez, quien también es cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La esposa de Núñez, Sheila Paola Urias Vázquez, también fue incluida en la lista de sancionados por actuar como prestanombres y aparecer como propietaria de varios de estos negocios.
La red de Mazatlán no solo tiene implicaciones financieras. Las autoridades estadounidenses señalaron que el grupo encabezado por Barraza Pablos también está involucrado en tráfico de drogas, extorsión, secuestro y homicidios.
Además, se identificó que este grupo mantiene laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo, uno de los opioides sintéticos más letales que llegan a Estados Unidos.
Según cifras oficiales, esta droga es una de las principales causas de muerte entre personas de 18 a 49 años en ese país.
“Los Chapitos”, en la mira
La sanción forma parte de un esfuerzo mayor del gobierno estadounidense para desmantelar a “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de “El Chapo”: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López.
Actualmente, Ovidio y Joaquín están bajo custodia en Estados Unidos, mientras que Iván y Alfredo siguen prófugos. Por cada uno de ellos, el Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
¿Qué implican las sanciones?
Las sanciones bloquean todas las propiedades e intereses financieros de los involucrados en territorio estadounidense. También prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.
Además, se advierte a bancos extranjeros sobre el riesgo de ser sancionados si facilitan operaciones con estas personas.
El objetivo, según el Tesoro, es cortar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y reducir el impacto del narcotráfico en ambos lados de la frontera.
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