Aplazar reforma judicial no corrige fallas de fondo: Dorantes

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, sostuvo que la iniciativa para aplazar la entrada en vigor de aspectos de la reforma judicial, actualmente en discusión en el Senado tras haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, no resuelve los problemas estructurales que, afirmó, generó el diseño original de la iniciativa.

Durante la sesión extraordinaria del Senado en la que se discutió la llamada “reforma de la reforma judicial”, así como la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera, el legislador señaló que las modificaciones planteadas representan ajustes parciales que no atienden los efectos que, dijo, ya provocó la reforma aprobada en 2025.

Dorantes afirmó que el aplazamiento no corrige la incertidumbre jurídica y económica que, desde su perspectiva, ha generado el proceso de elección judicial. Según expuso en tribuna, el problema no radica en los plazos de implementación, sino en el modelo aprobado originalmente.

“El problema nunca fue el calendario. El problema es que esta reforma está afectando la economía de millones de familias mexicanas”, señaló.

El senador también cuestionó la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas al considerar que sus atribuciones serían limitadas y que no establece mecanismos obligatorios para revisar posibles vínculos de aspirantes con actividades ilícitas.

Además, expresó reservas sobre la iniciativa para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera, al advertir que su redacción podría abrir espacio a interpretaciones discrecionales.

En su posicionamiento, Dorantes señaló que las recientes reformas constitucionales y electorales aprobadas en el Congreso requieren mayor deliberación técnica y política, y llamó a construir consensos que den certidumbre institucional.

El debate sobre los ajustes a la reforma judicial continúa en el Senado, donde Morena y sus aliados impulsan modificaciones para ajustar el calendario y los mecanismos de implementación de uno de los cambios constitucionales más discutidos del actual sexenio.