Con tristeza, consternación, pero también con enérgicos gritos de “¡viva!” en su memoria, cientos de personas rindieron homenaje este lunes al sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, asesinado el domingo en Chiapas.
Pérez, de 51 años y quien contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue baleado luego de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas.
Este lunes, sus feligreses se congregaron en una misa de cuerpo presente en el pueblo de San Andrés Apóstol, unos 24 kilómetros al norte de San Cristóbal, donde la jerarquía católica del estado reclamó una actuación “decidida” del gobierno para restaurar la paz y que se “desarme” a los grupos criminales que asolan la región.
“Que se desarme a estos grupos que están causando tanto daño en todas partes. Este es un reflejo de todo el país”, afirmó ante periodistas el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas.
Numerosos fieles se acercaron al féretro para orar y despedirse, muchos de ellos notoriamente compungidos y llorando. El orador del acto se dirigió luego a los asistentes gritando “¡viva el padre Marcelo!”, un llamado que fue respondido con energía y brazos en alto.
La Iglesia católica exigió también este lunes que cese la “criminalización” de sacerdotes y misioneros en México tras el homicidio de Pérez, quien será sepultado el martes.
“Cese a la criminalización y persecución de sacerdotes, misioneros, misioneras, hermanos laicos y laicas, defensores y defensoras de Derechos Humanos”, instó en un comunicado la Diócesis de San Cristóbal, a la que estaba asignado el párroco.
Originario de la etnia maya tzotzil, Pérez había recibido amenazas presuntamente por sus denuncias contra la venta de drogas y la violencia que sacude a Chiapas, escenario de una lucha entre grupos del crimen organizado, dedicados también a la extorsión y el tráfico de personas migrantes.
Amenazado y perseguido
En su declaración dirigida al gobierno y la sociedad civil, la Diócesis también exigió el esclarecimiento del crimen “hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales”.
“Demandamos a los tres niveles de Gobierno un alto total a la violencia desbordada en nuestro estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción”, señaló.
Este lunes temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la fiscalía local está haciendo las indagatorias por el asesinato y coordina informaciones junto con las autoridades eclesiásticas y el gobierno de Chiapas.
“Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”, señaló la mandataria en su habitual rueda de prensa.
La Diócesis de San Cristóbal sostuvo que, debido a su activismo, Pérez sufrió “un largo periodo de amenazas, persecuciones, hostigamientos, calumnias, difamaciones e incluso una orden de aprehensión infundada”.
Nueve religiosos han sido asesinados en México en los últimos cinco años, según cifras de la Iglesia católica.
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