La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada, una reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para ser reconocidas como empresas públicas.
La reforma busca garantizar el servicio de electricidad y promover una transición energética sustentable.
El dictamen, aprobado en lo general con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, establece que las empresas públicas del Estado tendrán la responsabilidad de asegurar el acceso a la electricidad al menor costo posible.
Además, el Estado asumirá la tarea de dirigir la transición energética y manejar de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles.
Litio y concesiones
El documento señala que el Estado tendrá control exclusivo sobre áreas estratégicas como el litio, lo cual no será considerado como monopolio.
Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para la explotación de litio, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será el encargado de asignar concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En cuanto al sistema eléctrico nacional, la reforma prioriza la seguridad energética, la autosuficiencia y la accesibilidad, evitando el lucro en la provisión de electricidad, como una medida para preservar la soberanía nacional.
Polémica por el costo de la luz
Previo a la aprobación en lo particular, se presentaron dos mociones suspensivas que fueron desechadas.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que la reforma incrementará el costo de la electricidad y agravará la crisis climática.
Por su parte, el diputado Miguel Angol Monraz Ibarra, del PAN, expresó preocupación por el impacto en las finanzas públicas y el medio ambiente.
Ambos legisladores resaltaron los riesgos de la reforma, calificándola como perjudicial para la economía nacional y para el desarrollo sostenible del país.
Modificaciones en lo particular
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una reserva presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena.
Esta reserva incluyó la modificación de los artículos 27 y 28 del dictamen. Se eliminó un párrafo referente a la transición energética y se suprimió el objetivo de asegurar el servicio eléctrico en toda su cadena de valor.
Además, se precisó que los ferrocarriles, tanto para pasajeros como para carga, son ahora áreas prioritarias para el desarrollo nacional, ampliando el enfoque estratégico de la reforma.
Transición energética y áreas estratégicas
A pesar de las modificaciones, la reforma mantiene el compromiso del Estado en materia de transición energética, aunque sin el párrafo eliminado sobre el uso sustentable de todas las fuentes de energía.
Los ferrocarriles también se añaden a las áreas estratégicas bajo la supervisión del Estado, junto con el sector eléctrico y el litio.
El control estatal sobre estas áreas pretende garantizar la seguridad energética, reducir la dependencia de fuentes externas y asegurar un desarrollo económico sostenible.
El Senado revisará la reforma
Finalmente, con la aprobación del dictamen en lo general y en lo particular, la reforma será enviada al Senado de la República para su análisis y discusión.
De aprobarse, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para realizar las adecuaciones correspondientes a las leyes secundarias.
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