La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los fabricantes de armas están protegidos por una ley que les otorga inmunidad frente a la demanda interpuesta por México en 2021.
La resolución, publicada este jueves en su sitio web oficial, se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Según el máximo tribunal estadounidense, no se demostró que las empresas demandadas hayan “ayudado o facilitado” el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
El caso había sido admitido por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en enero de este año. Ahora, con la nueva decisión, la Suprema Corte revoca ese fallo y devuelve el caso al juez de distrito en Boston para que se siga conforme a su interpretación.
México mantendrá su estrategia legal y diplomática
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su firme desacuerdo con la resolución. En un comunicado oficial, indicó que agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el flujo ilegal de armas.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país”, señaló la dependencia. Según el gobierno mexicano, este tráfico alimenta la violencia y fortalece a los grupos delictivos que atentan contra la seguridad de las familias mexicanas.
Otra demanda en Arizona sigue su curso
Esta decisión no afecta el segundo caso iniciado por México en 2022 en Tucson, Arizona. Ahí, el gobierno mexicano demandó a cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese proceso sigue vigente y actualmente se encuentra en etapa de producción de evidencia.
Ambas demandas han logrado visibilizar el impacto del trasiego de armas en la violencia que se vive en México.
Además de su presencia en tribunales estadounidenses, México ha llevado el tema a espacios multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2021 aprobó la resolución 2616 sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas.
Actualmente, también se espera una opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.