Senado rechaza propuesta para nombrar magistrados electorales en 30 estados

El Senado de la República no logró reunir la mayoría calificada para aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el nombramiento de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de 30 entidades federativas.

La votación por cédula obtuvo 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, por lo que no se alcanzaron las dos terceras partes necesarias.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó comunicar el resultado a la Jucopo para que presente una nueva propuesta “a la brevedad”.

Durante la sesión, legisladores de distintos partidos cruzaron posturas sobre el proceso de selección.

Desde Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez celebró que más de mil aspirantes se hayan inscrito en la convocatoria, y aseguró que cualquiera de ellos está capacitado para defender la legalidad de las elecciones en su entidad. Señaló que en la legislatura pasada “el PRIAN quería su cuota”.

Cuauhtémoc Ochoa, también de Morena, detalló los resolutivos y los nombres de las personas propuestas, quienes ocuparían el cargo por un periodo de siete años.

En contraste, María Guadalupe Murguía, del PAN, calificó el proceso como una “simulación y una farsa”, al señalar que los nombramientos ya estaban definidos de antemano y acusó a Morena de buscar el control total de las autoridades electorales.

Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que los nuevos magistrados “carecen de legitimidad” y podrían estar dispuestos a obedecer intereses del poder. “Vamos a vigilar a cada uno de esos funcionarios y denunciar ante la ciudadanía lo que sean capaces de hacer por dinero o amenazas”, expresó.

Desde el PVEM, Waldo Fernández defendió el proceso y sostuvo que el nombramiento representa un avance democrático al “devolver al pueblo de México la posibilidad de elegir a sus jueces”.

Lizeth Sánchez, del PT, consideró que la designación de magistrados con criterios constitucionales es clave para garantizar procesos legales y derechos políticos.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, lamentó que se haya ignorado el trabajo de la Comisión de Justicia. “Echaron abajo 170 horas de trabajo y cinco días ininterrumpidos. Gente valiosa quedó fuera”, denunció.