El aumento de motocicletas como alternativa al deficiente transporte público ha generado serios problemas de convivencia vial en México.
Desde finales del siglo XX, la proliferación de estos vehículos se ha acelerado, especialmente tras la pandemia de COVID-19, cuando se convirtieron en una herramienta clave para las entregas a domicilio.
El auge de las motocicletas comenzó con la apertura comercial que permitió la importación y ensamblaje de unidades a bajo costo, según Bernardo Navarro Benítez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Su uso creció primero en la Ciudad de México y su zona metropolitana antes de extenderse a otras entidades, impulsado por la crisis del transporte público y la expansión urbana que obligó a muchos trabajadores a recorrer distancias más largas.
Covid-19 propició la adopción de motocicletas
Durante la pandemia, el número de motocicletas se disparó, pues fueron esenciales para el reparto de mercancías en un momento en el que la movilidad estaba restringida.
Navarro Benítez señala que cualquier fenómeno que crece de manera tan acelerada es difícil de regular y que ninguna institución estaba preparada para enfrentar este incremento.
Actualmente, las motocicletas dominan las vialidades en municipios conurbados, donde la mala calidad del transporte público ha empujado a miles de personas a optar por esta alternativa.
Sin embargo, la falta de regulación ha derivado en caos. No existe un registro confiable de unidades y conductores, muchas motocicletas circulan con documentos falsos o han sido robadas y la anarquía en su comportamiento vial genera riesgos para peatones y automovilistas.
Además, los corralones están llenos de unidades que nadie reclama porque no cuentan con documentación oficial.
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Si bien las autoridades han implementado algunas medidas como la nueva licencia de manejo específica para motociclistas y la aplicación de sanciones más estrictas en el reglamento de tránsito, estos esfuerzos no han sido suficientes para frenar el desorden.
El especialista considera que es necesario implementar políticas públicas más efectivas, como establecer placas de servicio mercantil para las motocicletas utilizadas en reparto, exigir un seguro obligatorio financiado por los empleadores y aplicar un esquema de verificación vehicular para reducir sus emisiones contaminantes.
Hace algunos años, los taxis representaban un problema similar debido a la falta de regulación.
Sin embargo, con voluntad política y la colaboración de la academia, se logró ordenar el servicio y modernizar el parque vehicular, indicó el investigador.
Según Navarro Benítez, es momento de aplicar estrategias similares con las motocicletas para equilibrar su impacto en la movilidad y la seguridad vial.