Para ilustrar la crisis alimentaria y la hambruna en el mundo, los medios de comunicación han recurrido con frecuencia a lugares comunes: imágenes de países como Malawi y Zambia en el continente Africano; la India en Asia del sur y Afganistán en Asia meridional, y escenarios de pueblos con larga historia de pobreza extrema en América como Guatemala y Nicaragua en la región central, Bolivia en Sudamérica, y ahora Venezuela con su ya conocida hiperinflación.
Lo cierto es que la problemática de inseguridad alimentaria y desnutrición no es privativa de dichas regiones. Se trata de un fenómeno que forma parte del panorama de muchos otros países afectados por las guerras, poblaciones desplazadas, problemas ambientales, la desigualdad social y las crisis económicas e inflacionarias.
A estos factores se suma la pandemia del COVID-19 que ha traído consigo un enorme impacto económico con la paralización de las actividades económicas, productivas y de servicios, desempleo, contracción de inversión extranjera directa y disminución de envío de remesas en distintas regiones.
Antes de la expansión mundial del coronavirus, el Informe Mundial sobre las crisis humanitarias ya revelaba la magnitud del problema alimentario en el mundo al advertir que a finales de 2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda, de los cuales 75 millones de niños padecían de retraso en el crecimiento y 17 millones el síndrome de emaciación (pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal).
Creado por una alianza internacional de la ONU, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan para abordar las causas del hambre extrema, en dicho informe se definió que la inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia.
Con la aparición del virus del COVID-19 en Wuhan, provincia china de Hubei, y su propagación por el mundo, la crisis humanitaria se acentuará, según ha reconocido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Beasley, quien afirmó que es probable que los 135 millones de personas que vivían con niveles de hambre “extremos” a finales del 2019, aumenten a 265 millones con motivo de la pandemia.
Respecto a los efectos negativos de la pandemia en la región de América Latina y el Caribe, en un informe conjunto dado a conocer el pasado 16 de junio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estableció que, producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos.
Ambos organismos proponen acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre en los países de la región de América Latina y el Caribe, que podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total.
El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina, teniendo la crisis de salud pública sus efectos en la vulnerabilidad de los trabajadores, la caída de los ingresos, el aumento del desempleo, el incremento de los precios internos de los alimentos, según el índice de precios al consumidor.
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