La verdad también gobierna

“La confianza es el recurso más escaso de la política moderna”.

La idea ha sido desarrollada durante décadas por el politólogo Joseph Nye, quien sostiene que la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de ganar elecciones o ejecutar obras, sino de la capacidad de generar credibilidad entre los ciudadanos.

Y justamente de eso trata la discusión que hoy rodea al festejo por el inicio de la construcción del Acueducto de Querétaro.

No se trata del concierto.

No se trata de si gustó o no gustó.

No se trata de si el evento fue exitoso.

Tampoco se trata de si alguien simpatiza o no con el alcalde Felifer Macías.

El problema es otro.

Mucho más profundo.

Mucho más delicado.

Tiene que ver con la confianza.

Porque cuando una autoridad comunica una cifra y posteriormente aparecen documentos oficiales que apuntan hacia otra realidad, lo que entra en crisis no es una estrategia de comunicación.

Lo que entra en crisis es la credibilidad institucional.

Y la diferencia no es menor.

Durante semanas la narrativa pública apuntó a que la celebración había tenido un costo cercano a un millón y medio de pesos.

Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia comenzaron a aparecer órdenes de compra, contratos, servicios y diversos documentos administrativos que, sumados, superan los 17 millones de pesos.

Diecisiete millones.

No estamos hablando de una diferencia de cien mil pesos.

No estamos hablando de una interpretación distinta de una factura.

Estamos hablando de una diferencia de más de quince millones de pesos.

Y cuando existe una diferencia de esa magnitud, la obligación de aclarar corresponde exclusivamente a la autoridad.

No a los medios.

No a la oposición.

No a los ciudadanos.

A la autoridad.

Porque es la autoridad quien administra los recursos públicos.

Y es la autoridad quien tiene acceso a toda la información.

Lo preocupante es que frente a la controversia la respuesta institucional no ha sido una explicación detallada.

Ha sido la descalificación.

La insinuación de que el tema busca politizarse.

Y ahí es donde la conversación comienza a desviarse peligrosamente.

Porque fiscalizar el gasto público no es politizar.

Es democracia.

Preguntar cuánto costó una obra, un evento o un contrato no es un ataque.

Es una obligación ciudadana.

De hecho, es exactamente lo que los gobiernos modernos dicen promover cuando hablan de transparencia.

Resulta curioso que todos los gobiernos celebren la participación ciudadana mientras esa participación consiste en aplaudir.

Pero cuando la ciudadanía pregunta, investiga o revisa documentos, entonces aparece la acusación de que existe una intención política detrás.

La realidad es mucho más sencilla.

El dinero público exige explicaciones públicas.

Punto.

Y si el gasto fue correcto, transparente y legal, entonces debería ser relativamente sencillo demostrarlo.

Porque la transparencia auténtica no consiste en publicar documentos después de una polémica.

La transparencia consiste en que los documentos coincidan con el discurso.

Que las cifras coincidan con las declaraciones.

Que la realidad coincida con la narrativa.

Y justamente ahí aparece un segundo elemento igual de preocupante.

La pirotecnia.

Durante semanas, activistas y organizaciones defensoras de animales insistieron en conocer si habría fuegos artificiales durante el evento.

La respuesta que recibieron fue que no.

Sin embargo, posteriormente aparecieron documentos oficiales que muestran que los permisos correspondientes habían sido autorizados previamente.

Y entonces surge otra pregunta incómoda.

¿Quién tenía la información correcta?

¿Los ciudadanos fueron informados incorrectamente?

¿Alguna dependencia no comunicó adecuadamente las decisiones tomadas?

¿Existió falta de coordinación interna?

¿O simplemente se dijo una cosa mientras ocurría otra?

Porque nuevamente el problema no es la pirotecnia.

El problema es la confianza.

Toda administración pública puede cometer errores.

Todas.

No existe gobierno perfecto.

Lo que diferencia a una administración madura de una administración vulnerable es la forma en que responde cuando surgen cuestionamientos.

Los gobiernos fuertes explican.

Los gobiernos inseguros se defienden.

Los gobiernos sólidos presentan datos.

Los gobiernos débiles buscan culpables.

Y aquí vale la pena detenernos en algo más.

Vivimos una época donde la comunicación política ha adquirido un peso enorme.

Los gobiernos producen contenido todos los días.

Videos.

Fotografías.

Historias.

Reels.

Mensajes perfectamente editados.

Narrativas cuidadosamente construidas.

Y eso no necesariamente es malo.

El problema aparece cuando la comunicación comienza a sustituir a la explicación.

Cuando la imagen importa más que la información.

Cuando la percepción se vuelve más importante que la realidad.

Porque las redes sociales pueden ayudar a construir popularidad.

Pero no construyen legitimidad.

La legitimidad se construye con congruencia.

Con coherencia.

Con verdad.

Con rendición de cuentas.

Y quizá ahí está el verdadero fondo de esta historia.

No estamos discutiendo un concierto.

No estamos discutiendo fuegos artificiales.

No estamos discutiendo un aniversario.

Estamos discutiendo algo mucho más importante.

La relación entre ciudadanos y gobierno.

Porque cada vez que existe una contradicción entre el discurso oficial y los documentos públicos, la confianza se erosiona un poco más.

Cada vez que una explicación se sustituye por una descalificación, la distancia entre gobierno y ciudadanía crece.

Y cada vez que la transparencia parece convertirse en una concesión en lugar de una obligación, la democracia pierde calidad.

Por eso esta historia importa.

Porque mañana no será el Acueducto.

Será una obra.

Un contrato.

Una concesión.

Un programa social.

Un proyecto de infraestructura.

Y el principio será exactamente el mismo.

Los ciudadanos tienen derecho a saber.

No porque sean adversarios del gobierno.

Sino porque son quienes financian al gobierno.

A veces pareciera que algunos funcionarios olvidan algo fundamental: los recursos públicos no pertenecen a quienes administran temporalmente el poder.

Pertenecen a los ciudadanos.

Por eso preguntar cuánto costó algo no es una agresión.

Es un derecho.

Y responder con claridad no es una cortesía.

Es una obligación.

Al final, los gobiernos sobreviven a las críticas.

Sobreviven a las polémicas.

Sobreviven incluso a los errores.

Lo que rara vez sobrevive es la confianza cuando se pierde.

Y recuperar la confianza suele costar mucho más que diecisiete millones de pesos.